¿Es legal el arbitraje P2P? Lo que dicen las fuentes oficiales por país

La respuesta corta: depende de tu país y de lo que llames arbitraje, y ninguna norma lo resuelve con esa palabra. No soy abogado ni contador; opero como anunciante P2P. Lo que sí puedo hacer es ponerte delante lo que publicó cada organismo, con su fecha, y lo que no dice.

En este blog, arbitraje es comprar cripto más barata y venderla más cara con anuncios P2P. Qué es, cuánto cuesta y qué riesgos tiene está en la guía honesta del arbitraje P2P. En un texto legal, la misma palabra puede significar otra cosa.

«Arbitraje» no es una palabra legal: tres cosas que sí regulan las normas

En las fuentes que cito, nadie regula «el arbitraje». Regulan tres cosas distintas:

1. El estatus del criptoactivo. Si es moneda, medio de pago o un bien. Suelen decirlo los bancos centrales.
2. Las plataformas y el lavado de dinero. Quién vigila a los proveedores y quién debe prevenir el lavado.
3. Los impuestos. Si la venta tributa y quién informa al fisco.

Un término sale en casi todos los países. PSAV es el proveedor de servicios de activos virtuales: la empresa que cambia, transfiere o custodia cripto para otros. Muchas normas ponen la obligación en el PSAV, no en quien compra o vende.

Qué dicen las fuentes oficiales país por país

Argentina

Estatus. Según la página «Criptoactivos» del Banco Central (BCRA), desde mayo de 2022 las entidades financieras no pueden participar, «directa o indirectamente», en la oferta de criptoactivos. En mayo de 2023 sumó a los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, que no pueden realizar ni facilitar esas operaciones.

Plataformas y lavado. Desde la Ley 27.739, los PSAV son sujetos obligados ante la UIF (Resolución 49/2024, de marzo de 2024). También deben inscribirse en la CNV. Su noticia del 13 de marzo de 2025 sobre la RG 1058 (Boletín Oficial del 14) avisa: «quienes no cumplan… no podrán operar en Argentina». La RG 1172, del 14 de octubre de 2026, reordenó ese régimen.

La web de Bybit en Argentina figura en ese registro a nombre de LUZPAY S.A. (n.º 48): lo comprobé de nuevo el 5 de noviembre de 2026 en el registro de la CNV. Su pie aclara que la inscripción no implica una licencia.

Impuestos. Para ARCA, las ventas de criptoactivos «constituyen ganancias alcanzadas por el impuesto». Su página no muestra fecha.

No dice: nada del usuario que compra y vende con anuncios. Lo práctico está en la guía de Bybit P2P en Argentina.

Chile

Impuestos. Según las preguntas frecuentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), actualizadas el 24 de octubre de 2025, las ganancias por compraventa de criptomonedas «son rentas afectas a impuestos».

Plataformas. Las Resoluciones 113 y 114 del SII (noticia del 22 de septiembre de 2025) piden declaraciones juradas a los proveedores de servicios de activos digitales.

No dice: nada sobre el P2P ni sobre el estatus del criptoactivo.

Colombia

Estatus y plataformas. La Superintendencia Financiera (SFC) dijo el 26 de julio de 2024 que «no supervisa, ni regula, ni vigila, ni avala» operaciones con activos virtuales.

Impuestos. Según el Concepto unificado 018075 de la DIAN (17 de octubre de 2023), los residentes incluyen sus criptoactivos en el patrimonio. Y la transferencia de la propiedad, «a cualquier título, se considerará como enajenación», es decir, una venta. Los proveedores reportan según la Resolución 240 de 2025 (noticia del 6 de mayo de 2026).

No dice: nada sobre el P2P ni sobre si operar es «legal».

Perú

Plataformas y lavado. La Resolución SBS N.º 02648-2024 (30 de julio de 2024) convierte en sujetos obligados ante la UIF-Perú a los PSAV «domiciliados o constituidos en el país». Regula al proveedor, no al usuario.

Impuestos. No encontré una norma específica de la SUNAT sobre criptoactivos (búsqueda de octubre de 2026).

No dice: el estatus del criptoactivo ni nada sobre el P2P.

México

Estatus. Según el comunicado de Banxico, Hacienda (SHCP) y la CNBV del 28 de junio de 2021, los activos virtuales «no constituyen una moneda de curso legal en México». Y las instituciones financieras «no están autorizadas» a ofrecer al público operaciones con ellos.

Plataformas y lavado. Las preguntas frecuentes del SAT sobre actividades vulnerables (2026) incluyen «el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales». ¿Comprar te hace sujeto obligado? El SAT responde que no: lo es quien ofrece ese intercambio a través de plataformas.

Impuestos. No encontré una fuente oficial del SAT sobre cómo declarar criptoactivos, a fecha del 5 de noviembre de 2026.

No dice: si un anunciante P2P ofrece el intercambio «de manera habitual o profesional».

Bolivia

Estatus. El Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el 25 de junio de 2024 la Resolución de Directorio 082/2024. Según su comunicado del 26 de junio, desde entonces se pueden usar los canales de pago para comprar y vender activos virtuales. Aclara que un activo virtual «no es una moneda de curso legal, no es efectivo», y que sus riesgos «serán asumidos por los usuarios».

Plataformas. El Decreto Supremo 5384 (mayo de 2025) define al PSAV. El 21 de octubre de 2026, la ASFI recomendó verificar con ella una plataforma antes de usarla.

Impuestos. No encontré una norma de Impuestos Nacionales sobre criptoactivos (búsqueda de octubre de 2026).

No dice: si Bybit está autorizado. Eso lo responde la ASFI.

Paraguay

Impuestos. La DNIT emitió el 10 de marzo de 2026 su Resolución General 47/2026 y la anunció el día 11. Obliga a informar las transacciones con criptoactivos a quien supere US$ 5.000 al año, «individuales o en conjunto». No la presenta como un impuesto.

Lavado. La SEPRELAD lo resume en su documento «Activos Virtuales». El 15 de enero de 2020 hizo sujetos obligados a «las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades asociadas con activos virtuales». Su Resolución 314/2021 reglamenta la prevención en ese sector. Lo comprobé el 5 de noviembre de 2026 en su sitio.

No dice: qué cuenta como «actividades asociadas». Tampoco encontré una fuente oficial del Banco Central del Paraguay sobre el estatus (5 de noviembre de 2026).

Uruguay

Plataformas y lavado. La Ley 20.345 (publicada el 27 de septiembre de 2024) pone a los PSAV bajo la supervisión del Banco Central (BCU). Los que solo transfieren o venden activos virtuales quedan supervisados solo para prevenir el lavado.

El BCU los reglamentó con su Circular 2507 (16 de julio de 2026). Según su noticia del 21 de agosto, «los PSAV deben contar con autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros». Lo comprobé el 5 de noviembre de 2026 en la web del BCU.

Impuestos. No encontré un criterio general de la DGI sobre criptoactivos (5 de noviembre de 2026), solo una consulta de 2021 sobre un caso concreto.

No dice: nada sobre el usuario que compra y vende para sí mismo.

Ecuador

Estatus. El 12 de agosto de 2024, el Banco Central del Ecuador (BCE) y la Junta de Política y Regulación Monetaria publicaron un comunicado. Dice que los criptoactivos no son moneda de curso legal ni medio de pago autorizado. Si el BCE detecta ese uso, lo comunica a la Fiscalía.

Lavado. La Resolución UAFE-DG-2022-0131 (8 de abril de 2022) notifica como sujetos obligados a los PSAV. También a quien, «en nombre de otra persona natural o jurídica», haga, entre otras cosas, el intercambio entre activos virtuales y moneda de curso legal. La página «Conoce si eres Sujeto Obligado» de la UAFE la da por vigente; lo comprobé el 5 de noviembre de 2026.

Impuestos. No encontré una norma específica del SRI sobre criptoactivos (5 de noviembre de 2026).

No dice: si comprar y vender para ti mismo entra en esa resolución.

Qué cambia si compras y vendes con anuncios en Bybit

Ninguna de estas fuentes nombra al anunciante P2P. Tres se fijan en la persona por un criterio concreto: México, en lo «habitual y profesional»; Paraguay, en un monto anual; y Ecuador, en operar «en nombre de otra persona». Si entras en alguno depende de tu caso, y lo responde el organismo.

Bybit, por su parte, te pasa la responsabilidad a ti. Lo comprobé el 5 de noviembre de 2026 en sus Términos del servicio P2P, en vigor desde el 19 de enero de 2026:

• Cláusula 2.3. La plataforma «no pretende ofrecer asesoría fiscal, legal, de seguros ni de inversión». Te pide consultar «a un abogado o a un profesional fiscal» sobre tu situación.
• Cláusula 2.4. «Es tu responsabilidad cumplir las leyes locales en relación con el uso legal de la Plataforma en tu jurisdicción». Cita las de prevención del lavado y las fiscales.
• Cláusula 8.6. Bybit «rechaza expresamente cualquier responsabilidad» sobre la legalidad de las transacciones de sus usuarios.

Traducción nuestra del original en inglés.

Aparte de la ley, su cláusula 13.4 cita el arbitraje como ejemplo de conducta que puede llevar a medidas contra una cuenta. Qué dice exactamente está en Arbitraje P2P en Bybit: qué dicen sus reglas.

El mismo día miré su lista de países con servicio restringido (actualizada el 16 de octubre de 2026): no aparece ninguno de los nueve de este blog.

Cómo comprobar tu caso sin depender de un blog

Las normas cambian cada pocos meses. Así compruebas tu caso:

1. Busca tu país en la tabla y anota el organismo que te toca en cada capa.
2. Lee la norma original y anota su fecha, o que no la tiene.
3. Pregunta por escrito al organismo o a un contador.
4. Guarda tu historial exportado de Bybit: las autoridades fiscales que cito hablan de ventas, transferencias o montos. La planilla de control para comerciantes P2P te ayuda a ordenarlo.
5. Vuelve a mirar cada pocos meses. Uruguay reglamentó en julio de 2026 y Argentina reordenó su registro en octubre.

Un ejemplo con dos países. Pongamos que en 2026 compras y vendes USDT en Paraguay por más de US$ 5.000 en total. La RG 47/2026 de la DNIT te pide informar esas transacciones en una declaración jurada informativa. La DNIT no la presenta como un impuesto.

Si haces lo mismo en Chile, la pregunta cambia: el SII dice que las ganancias por compraventa de criptomonedas «son rentas afectas a impuestos». En los dos casos, lo que te toca depende de tu situación, no de la palabra «arbitraje».

Preguntas frecuentes